Tras el llamado de organizaciones y del Monitor federal que supervisa el penal para que se le quite el control de la cárcel a las autoridades municipales y se nombre un administrador judicial federal por el presunto riesgo constante en que viven los reclusos y malos tratos, otras voces defienden la labor de la Ciudad y el Comisionado de Correccionales.
Este jueves la Administración Adams y el Comisionado de Correccionales de la Ciudad de Nueva York (DOC), Louis Molina, tendrán que enfrentar una prueba de fuego ante los tribunales, donde se decidirá si la cárcel de Rikers Island seguirá siendo manejada por la Ciudad o si se nombra a un administrador judicial independiente que asuma las riendas del penal ante la presunta incapacidad de las autoridades carcelarias de resolver la crisis en la apodada “isla del terror”.
La jueza federal Laura Taylor Swain, decidirá si avala la “buena labor” que los funcionarios municipales aseguran han venido adelantando en el penal en los últimos 20 meses, reduciendo el número de muertes, ataques, y violaciones de derechos humanos, o si encuentra válidas las denuncias de organizaciones defensoras de reclusos y del Monitor Federal, Steve Martin, quienes insisten en que las cosas en el penal andan muy mal y los más de 6,000 internos que en promedio están allí cada mes, se encuentran bajo riesgo de daño inminente.
Y es que a pesar de que durante el tiempo que el alcalde Eric Adams asumió el control de Rikers, allí han perdido la vida 26 presos, mayormente en su primer año de mandato, las autoridades penales insisten en que las cosas van por buen camino, comparadas con el caos que reinaba en la prisión en la pasada administración, y esperan recibir un voto de confianza que les permita continuar con su labor para seguir presentando mejoras.
Dentro de sus logros, las autoridades penales de la Gran Manzana señalarán en el tribunal la reducción de apuñnalamientos en más del 30%, la disminución de ausencias de la guardia, la asistencia a citas médicas por parte de los internos de entre el 90% y 95%, con más de 500,000 citas en el último año, más de 5,000 armas de contrabando decomisadas, un mejor ambiente para la convivencia de los reclusos y su oposición a que se niegue el trabajo que han adelantado, como lo ha afirmado el Comisionado del DOC.
“Hemos probado que nuestro personal tiene la capacidad de desempeñarse en un nivel muy alto, evolucionar y también pueden ser exitosos”, aseguró el Comisionado Molina, en diálogo con El Diario NY, defendiendo que Rikers Island no debe entregarse a un Administrador judicial. “Entiendo que este es un problema muy complejo, si fuera fácil no estaríamos aquí todavía tratando de resolverlo, pero ninguna Administración ha tenido más acciones orientadas que la del alcalde Eric Adams. Las cosas toman tiempo y no creo que un administrador federal pueda hacer las cosas tan rápido como nostros hemos hecho, y creo que ya lo hemos demostrado”.
Desde el Concejo Municipal de Nueva York también se han escuchado voces de apoyo a la labor de las autoridades penales, quienes a través del llamado Caucus de sentido común, emitieron una carta en la que aseguraron que quitarle el control de la cárcel a la Administración Municipal y pasársela a una figura independiente de corte federal, sería “un desastre para la ciudad”.
“Los cambios recientes implementados por la Administración de la Ciudad garantizan que el alcalde Eric Adams y el comisionado Louis Molina tengan más tiempo para continuar con sus encomiables esfuerzos”, aseguraron, tras un recorrido al penal. “Nuestra visita a Rikers Island nos ha dejado optimistas sobre los esfuerzos en curso para reformar el sistema. Los cambios implementados bajo el alcalde Adams y el comisionado Molina son sustanciales, y debemos brindarles el tiempo necesario para continuar su progreso. Poner a Rikers Island bajo un administrador federal tendría un costo enorme para los contribuyentes y podría interrumpir el impulso positivo que está edificio actualmente”.
Pero desde otros sectores, entre ellos organizaciones defensoras de reclusos, familiares, antiguos internos y grupos comunitarios, insisten en pedir a la jueza Laura Taylor Swain, que reconozca que la actual Administración ha fallado y que Rikers sigue siendo un lugar violento en el que ni siquiera se garantiza la vida de quienes están bajo custodia del Departamento de Correccionales.
Incluso, como preámbulo de la audiencia en el tribunal, la Junta de Correcionales, presentó una demanda en una corte de El Bronx por la presunta falta de transparencia de las autoridades penales y pidieron restablecer su acceso a videos de vigilancia de Rikers para garantizar la protección de los derechos de las personas encarceladas.
“Nos hemos visto obligados a dar el paso sin precedentes de iniciar un litigio contra la Ciudad para garantizar que nosotros y nuestro personal tengamos acceso a las herramientas que necesitamos para hacer nuestro trabajo”, afirmó Rachael Bedard, miembro de la junta, cuyos miembros han manifestado mayoritariamente su respaldo a que el control de la cárcel sea asumido por una autoridad independiente.
“El acceso a video, incluido el acceso a una transmisión en vivo, es uno de los medios más cruciales por los cuales la Junta puede monitorear de manera efectiva las cárceles de la Ciudad; garantizar el cumplimiento por parte del DOC de las normas mínimas establecidas por la Junta; y llevar a cabo investigaciones independientes y confidenciales sobre incidentes de violencia, uso de la fuerza, respuestas a emergencias médicas y conducta inapropiada y potencialmente criminal por parte del personal del DOC”, asegura uno de los apartes de la demanda.
El Comisionado Molina asegura que el ambiente en Rikers ahora es muy diferente al del 2021.
Organizaciones y activistas han anunciado para este jueves una manifestación a las afueras del tribunal en Manhattan, donde se llevará a cabo la audiencia.
Por Edwin Martínez
