Coaliciones de Derechos Humanos ya están movilizadas para empujar este próximo 2024, cambios profundos derivados de una eventual aprobación de los anteproyectos de Libertad Condicional Justa y Libertad Condicional para personas mayores.
Desde hace 26 años, el esposo de la puertorriqueña Janet Colón está recluido en una prisión de Nueva York. Cuando su pareja cometió un grave error, que lo privó desde hace ya casi tres décadas de su libertad, era apenas un jovencito de 17 años.
Janet, desde su laberinto personal, al igual que miles de familias neoyorquinas, tiene la esperanza que en el próximo periodo legislativo estatal de 2024, se concreten algunos cambios en la forma cómo se administra la justicia penal, para quienes han pasado años y años tras las rejas. Y todo evidencia, que no significan ningún peligro para las comunidades.
“Estamos peleando para que las leyes de libertad condicional sean más humanas. Es injusto que personas que se han rehabilitado. Que han cambiado. Que han envejecido en prisión, no puedan recibir una clemencia”, expresó.
Esta boricua, residente de El Bronx, no se ha conformado con ver pasar el tiempo.
Tampoco se ha quedado con los brazos cruzados, mientras espera que su pareja algún día vuelva a casa.
Desde hace años se ha involucrado en el activismo, para empujar ciertas reformas judiciales, desde la Campaña para Liberar a las Personas Mayores en Prisión (RAPP).
En este mismo camino de batallas, este miércoles salió nuevamente a la calle para unirse al llamado de varias coaliciones de Derechos Humanos de Nueva York, que ya están listas para permanecer movilizados para empujar este próximo 2024, reformas profundas derivadas de los anteproyectos de Libertad Condicional Justa y Libertad Condicional para personas mayores.
Estas propuestas legislativas cuentan con el apoyo de más de 350 organizaciones en todo el estado de Nueva York, incluidos algunos de los mayores grupos de defensa de víctimas de delitos y sobrevivientes.
“Sobran casos de internos, como mi esposo, que serían muy valiosos en la calle, justamente para orientar y ayudar a interrumpir desde el trabajo comunitario, los ciclos del crimen en nuestros vecindarios. Él es una persona buena y amable, que por locuras de juventud, por juntarse mal, terminó envuelto en un crimen. Hoy a lo que se ha dedicado en la cárcel a estudiar”, destacó Janet.
Libertad justa y oportuna
La activista quien exhibe una camiseta que reza: “Clemencia para José Colón” en referencia a su campaña personal, asevera que centenares de personas están envejeciendo en centros correccionales y terminan siendo liberados cuando están enfermos. Y ya no tienen fuerzas para rehacer su vida. Ni poder recibir el apoyo de su familia.
Janet conoció a su esposo cuando eran apenas unos niños. Se casaron en prisión hace 15 años y tienen una hija de 20 años.
“Es una historia de amor, que he tomado como impulso, para que muchas personas valiosas, que están encarceladas, tengan una ruta legal más clara para que puedan gozar de ciertos beneficios de clemencia. Yo sé que muchos políticos se oponen a esta idea, porque piensan que van a liberar a personas peligrosas. Pero no es así. Estos anteproyectos de ley, como están pensados, serían un acto de justicia. Yo misma, que tengo a mi hija, no quiero que vengan a nuestras comunidades personas peligrosas”, contó.
El proyecto de Libertad Condicional Justa y Oportuna (A-4346) permitiría que reclusos que ya califican para solicitar su libertad condicional, puedan ser evaluados con mayor consideración.
Bajo el actual sistema penal, la mayoría de los presos que acuden ante la Junta Estatal de Libertad Condicional y muestran claras evidencias de rehabilitación, se les niega este beneficio.
Datos cruzados por varias organizaciones de defensa, destacan que de los casi 10,000 presos que comparecen ante esa unidad cada año, a cerca del 60% se les niega la libertad.
Esta propuesta legal sería una “puerta” que se abriría a todas las personas en prisión, que no representen un riesgo claro de violar la ley y un peligro para las comunidades. También se impulsaría la revisión de condenas que equivalen a la muerte por encarcelamiento, las cuales no consideran los cambios de conducta que una persona pueda tener en el tiempo.
Este anteproyecto fue introducido desde febrero de 2019 y desde entonces a pesar del soporte de líderes electos demócratas y una amplia coalición de Derechos Humanos, no ha podido pasar en la Asamblea Estatal.
Si se aprueba, cambiaría por completo la forma cómo se aplica la libertad condicional, ya que técnicamente se basaría en criterios claros, sobre quiénes son los internos hoy, qué han hecho para cambiar y si representan un riesgo.
“La gente cambia”
En una concentración realizada este miércoles en Harlem, convocada por líderes de una docena de organizaciones que promueven reformas judiciales, legisladores estatales, neoyorquinos sobrevivientes a cárceles y familiares de personas actualmente en unidades correccionales, se encontraba también la puertorriqueña ‘Jazmín’, elevando con fuerza una pancarta, en donde le exigía a la gobernadora Kathy Hochul que apoye las leyes que garantizan procesos de libertad condicional y clemencia para los internos envejecientes y de buena conducta.
Jazmín, de 44 años, conoció a su esposo en una prisión estatal en el año 2016, cuando fue a visitar a un familiar. Ahora, se integró al movimiento para que las legislaciones estatales den una luz, a quienes han pasado décadas de su vida encarcelados: Su pareja tiene 28 años tras las rejas.
“Vamos a seguir exigiendo a nuestros líderes electos a que avancen estas leyes. Una persona con diez años en prisión ya da muestras si ha cambiado o no. En el caso de mi esposo es una persona amable que se ha dedicado a escribir. Yo tengo mucha esperanza que pronto él y muchos más que se portan bien, puedan ver las calles”, aseguró.
Asimismo, la otra legislación que daría un giro total a la forma como se maneja la justicia penal de Nueva York, propone una revisión de las condenas a mayores de 55 años. Codificada como (S-2144), plantea abordar las sentencias calificadas como “inhumanas”, al permitir que las personas que tengan esta edad y hayan cumplido 15 años continuos en prisión o más, puedan ser considerados para libertad condicional, independientemente de su delito o sentencia.
En la última década, aproximadamente una de cada tres personas que murieron en prisión habían cumplido al menos quince años en prisión y el 56 % tenía 55 años o más.
¡La vamos a aprobar!
Los activistas y los legisladores que se empeñarán en aprobar estas normas, en el año que está por venir, coinciden en que sin las reformas para ampliar el acceso a la libertad condicional en Nueva York, especialmente los negros y latinos, seguirán envejeciendo sin dignidad, enfermando y muriendo en prisión, independientemente de su transformación personal y sus posibilidades para aportar a su familia y sus comunidades.
El 55% de las aproximadamente 30,000 personas que actualmente pagan sentencias en las cárceles del estado de Nueva York son negros, a pesar de que sólo el 18% de la población general es afroamericana. Además, 23% de quienes están en prisiones son de origen hispano.
Entretanto, un reporte divulgado por la Campaña Popular por la Justicia en Libertad Condicional de las casi “19,000 decisiones de la Junta de Libertad Condicional en los últimos dos años, el prejuicio racial afecta obviamente sus determinaciones. Y las disparidades solo se han ampliado en los últimos años”
Los datos que abarcan desde octubre de 2018 hasta octubre de 2020, muestran que se le concedieron beneficios procesales de excarcelación al 41% de los blancos que lo solicitaron, en comparación con el 34% de los negros y el 33% de los latinos.
En este sentido, el asambleísta demócrata del distrito 28 de Queens, Andrews Hevesi, destacó que su bancada “está lista” para iniciar el trabajo legislativo que permita iniciar un proceso racional y justo de liberación de centenares de personas, que no significan ningún riesgo para la comunidad.
“Vamos a trabajar en estas legislaciones. Las vamos a aprobar. Lo vamos a lograr”, acotó.
Hay resistencia
Aunque la aprobación de este paquete de reformas, depende casi exclusivamente de los acuerdos entre la mayoría demócrata en la Asamblea Estatal y la gobernadora Kathy Hochul, algunos analistas políticos destacan que aunque la minoría republicana, no tiene la fuerza política, para girar el rumbo de estas legislaciones, sí han tenido la capacidad, de hacer ruido acerca de sus beneficios.
A principios de este año, en un comunicado divulgado por las conferencias republicanas del Senado y la Asamblea, criticaron y anunciaron su oposición radical a cualquier otro cambio en el sistema de justicia penal de Nueva York.
El senador estatal Tom O’Mara, puntualizó que “a partir de reformas en materia de fianzas, disciplina penitenciaria y libertad condicional, hemos visto en los últimos años a esta Legislatura moverse en direcciones que representan un grave peligro para la seguridad pública. Necesitamos seguir trabajando contra las políticas extremas de aplicación de la ley de los demócratas de Albany, que consienten a los criminales y amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestras comunidades”.
Las cifras del drama penitenciario:
- 23% de la población carcelaria de NY es de origen hispano de acuerdo con las tendencias de los últimos 5 años.
- 15% de los hispanos que pagan condenas en centros de corrección de NY son mayores de 55 años.
- 30% ha disminuido la población penitenciaria en NY en los últimos 20 años.
- 4,022 internos son elegibles para la libertad condicional de acuerdo con los balances de organizaciones actualizados hace dos meses.
- 8,291 reclusos de NY tienen más de 55 años.
