Empleados municipales y federales fueron acusados de embolsarse fraudulentamente más de $1 millón de dólares en beneficios de desempleo durante la pandemia, robando las identidades de personas sin hogar en NYC.
Empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre las 18 personas acusadas ayer en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.
Servidores públicos en puestos a nivel local, estatal y federal comparecieron ante la Corte Suprema de Manhattan por una variedad de cargos presentados en cuatro acusaciones, incluidos fabricación y venta de armas fantasma 3D, conspiraron para defraudar al programa de asistente de desempleo pandémico de Nueva York y robo.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que los casos nacieron de una investigación estándar de delitos callejeros que se expandió a una pesquisa de fraude financiero, resumió Daily News.
“Estos supuestos planes fueron orquestados y operados en gran medida por empleados de la ciudad, muchos de los cuales abusaron de sus posiciones de confianza pública para beneficio personal. Vemos un vínculo claro entre quienes participan en delitos violentos y al mismo tiempo el fraude de cuello blanco tradicional”, comentó Bragg.
El fiscal del distrito dijo que la investigación sobre las armas fantasma condujo al descubrimiento de la estafa dirigida al programa pandémico de Nueva York. Los arrestos siguieron a una investigación de más de un año derivada de la acusación contra Cliffie Thompson, hombre de East Village condenado por administrar una “fábrica de armas fantasma” de impresión 3D desde el apartamento de su madre en un edificio NYCHA.
Thompson se declaró culpable de cargos de armas el 8 de enero y recibió una pena de prisión de cinco años además de tres años de supervisión posterior a su liberación.
Charde Baker, ex empleado de NYPD, y un cómplice anónimo están acusados de ser los cabecillas de ese plan, que involucró a dos empleados del DHS y otros 12 presuntos cómplices. Supuestamente utilizaron información privada robada de residentes desprevenidos de un refugio para presentar 170 solicitudes fraudulentas al Departamento de Trabajo del estado.
Después de solicitar asistencia en nombre de los residentes del refugio “Barbara Kleiman” en Brooklyn, el grupo supuestamente envió los cheques a direcciones a lo largo de la ruta de correo del Upper East Side de un cartero cómplice del USPS.
“Algunos de los empleados de la ciudad acusados tuvieron acceso a información personal confidencial que se les confió para que pudieran realizar su trabajo ayudando a familias sin vivienda. En cambio, los acusados explotaron esa información para embolsarse fraudulentamente más de $1 millón de dólares en beneficios de desempleo”, dijo la comisionada del Departamento de Investigaciones (DOI) de la ciudad, Jocelyn Strauber, en un comunicado. “DOI está trabajando con el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad para proteger mejor la información personal de los clientes y abordar cualquier vulnerabilidad”.
El mes pasado ya hubo otros tres escándalos relacionados con empleados municipales en Nueva York: el 29 de febrero el FBI llevó a cabo redadas en dos casas en El Bronx propiedad de Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Previamente los hogares y oficinas de dos jefes de inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) fueron allanados como parte de una investigación de supuesta corrupción del FBI.
Días antes 55 empleados actuales de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
El Diario
