Gobierno de Perú refuerza medidas tras ataque en Trujillo: Cuestionamientos y desafíos en seguridad
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, condenó el atentado con explosivos ocurrido en una sede del Ministerio Público en Trujillo, La Libertad, y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) para controlar la situación en la ciudad. El ataque, atribuido a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, ha generado fuertes críticas hacia la eficacia de las políticas de seguridad del gobierno.
A través de un comunicado difundido en X, antes Twitter, más de diez horas después del ataque, Boluarte aseguró que el Gobierno trabajará en conjunto con las autoridades locales para garantizar la seguridad en la región y “proteger a las familias de La Libertad”. Además, expresó:
“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados”.
Debate sobre un posible toque de queda
El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de imponer un toque de queda si las autoridades locales lo consideran necesario, aunque, por el momento, esa medida no ha sido adoptada.
“Si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo”, señaló Adrianzén en declaraciones a la prensa.
Críticas por ineficacia en la seguridad
El congresista Diego Bazán, representante de la región norteña, cuestionó la efectividad de las medidas implementadas hasta ahora. Desde el lugar de los hechos, Bazán recordó que Trujillo lleva casi un año bajo estado de emergencia, sin resultados significativos en la lucha contra la criminalidad.
“Le recuerdo a la presidenta que Trujillo ya lleva casi un año en estado de emergencia, y ¿qué ha hecho hasta ahora?”, expresó en un video publicado tras el ataque.
Bazán señaló que el despliegue de fuerzas policiales, incluso con refuerzos desde Lima, no es una solución sostenible, ya que “los efectivos no nos van a cuidar 24 horas”. Exigió mayor inversión en inteligencia, captura de cabecillas criminales, y la creación de infraestructura adecuada para combatir el crimen organizado, como una unidad de geolocalización y un laboratorio criminalístico.
Minería ilegal, la posible causa del atentado
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, vinculó el ataque con actividades de minería ilegal, destacando la necesidad de restituir la figura de detención preliminar para casos en los que no exista flagrancia. Espinoza afirmó que, sin esta herramienta, es imposible detener a responsables indirectos de los actos criminales.
“¿Qué más esperamos? ¿Más destrozos, más pérdidas humanas? No queremos llegar a esos extremos”, declaró durante una entrevista con RPP.
La fiscal también reveló que el Ministerio Público ha recibido amenazas previas relacionadas con investigaciones en curso sobre crimen organizado, y afirmó que el artefacto explosivo utilizado en el ataque tendría origen en actividades ilegales de minería.
Exigencias hacia el Congreso y el Ministerio del Interior
Espinoza hizo un llamado al Legislativo para trabajar en una política criminal eficiente y a reforzar la labor preventiva de la Policía Nacional, subrayando la importancia de reactivar la inteligencia policial para anticiparse a los delitos.
“Es crucial que las actuaciones de los agentes del orden se efectúen antes de que se produzcan los hechos delictivos, y no cuando el daño ya se ha producido”, concluyó.
Contexto general
El ataque en Trujillo se suma a una serie de incidentes que evidencian la creciente presencia del crimen organizado en diversas regiones del país. La situación ha generado preocupación tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, que exige respuestas contundentes y sostenibles para garantizar la seguridad ciudadana.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com.
