Inmigrantes que se encuentran en el sistema de albergues de NY pueden ser desalojadas incluso si están embarazadas, según una auditoría de las políticas de desalojo de albergues de la ciudad.
NUEVA YORK — La política de la Ciudad de Nueva York de limitar a 60 días la estancia de las familias migrantes en los albergues se ha aplicado de forma desordenada a lo largo de los últimos seis meses, con problemas como el hecho de que la ciudad no notificara a las embarazadas que podían quedar exentas, según ha revelado una nueva auditoría realizada por el contralor municipal.
La ciudad empezó a desalojar a las familias migrantes a principios de enero para aliviar la presión sobre su sobrecargado sistema de albergues. Sin embargo, las mujeres en el último trimestre de embarazo quedaron exentas tras conocerse que una joven de 26 años con casi nueve meses de embarazo se encontraba entre las desalojadas.
Según el informe publicado esta semana por el contralor Brad Lander, esa política nunca se puso por escrito ni se comunicó adecuadamente a las agencias, a los proveedores de refugios o a las propias mujeres.
“Nunca se promulgó una política por escrito. El personal y los contratistas no recibieron esa información. El aviso que recibes cuando te avisan con 60 días de antelación no te dice que, si estás embarazada, estás exenta”, declaró Lander el jueves en una rueda de prensa.
La política de la ciudad permite a las familias volver a solicitar camas de acogida, aunque no garantiza otra cama.
Ante la preocupación de que los niños acabaran en rincones de la ciudad, alejados de sus escuelas, los funcionarios municipales dijeron entonces que intentarían mantener a las familias dentro o cerca de los distritos en los que están matriculados sus hijos.
Pero la auditoría de Lander dice que los educadores y las familias informaron a su oficina que no recibieron esta atención. Dice que al menos tres familias de una escuela primaria de Brooklyn abandonaron el sistema de acogida no porque estuvieran listas, sino porque se les ofrecieron lugares en otros distritos.
Lander instó al alcalde Eric Adams a suspender la norma de los 60 días hasta el final del semestre escolar.
El informe no documenta sistemáticamente los resultados en materia de vivienda, salud o educación de los migrantes que abandonan un centro de acogida. Lander afirmó que la ciudad tampoco lo hizo, y que solo llevó a cabo un seguimiento de si los migrantes permanecían o no en el sistema de acogida.
En respuesta al informe de Lander, la alcaldía sostiene que los avisos de desahucio de 60 días —junto con los avisos de 30 días para migrantes adultos solteros— son una de las pocas herramientas de que dispone para sacar a los migrantes de los albergues.
“Casi la mitad de las familias cuyos avisos de 60 días han expirado, y más del 65% de todos los migrantes que han pasado por nuestros centros, han abandonado nuestro sistema de acogida, sin que ni una sola familia migrante con hijos se haya visto obligada a dormir en la calle”, aseveró Kayla Mamelak, portavoz del Ayuntamiento, en un comunicado.
Según el comunicado, menos de uno de cada cinco niños fue dado de baja de su escuela tras expirar el aviso de desahucio de su familia.
Nueva York es una de las pocas ciudades de Estados Unidos legalmente obligadas a proporcionar alojamiento a todas las personas que lo soliciten, como resultado de una causa judicial que se remonta a décadas atrás. Por otra parte, las escuelas de Estados Unidos están legalmente obligadas a matricular a estudiantes migrantes menores de edad, independientemente de la situación migratoria de sus padres.
Mamelak reiteró la postura de la ciudad de que el gobierno de Biden debe cubrir las lagunas en la financiación de los programas de reasentamiento de refugiados. Esos programas federales no benefician prácticamente a ninguno de los 65.000 migrantes del sistema de albergues de Nueva York, muchos de los cuales son solicitantes de asilo o tienen un estatus legal temporal, pero no el de refugiados.
“Una crisis humanitaria nacional requiere una solución nacional”, afirmó Mamelak.
Los defensores de los derechos de los migrantes afirman que están teniendo que ayudar a cientos de padres a negociar individualmente con los responsables de los albergues para que les dejen quedarse en su barrio.
Trasladar a las familias de un albergue a otro es un problema diario para la concejal neoyorquina Gale Brewer y su personal en Manhattan, que han gestionado docenas de casos señalados por escuelas y otros miembros de la comunidad.
“Nos llaman diciendo algo así como: ‘Van de camino a Queens’, y nos entra el pánico”, explicó Brewer.
Algunas de las escuelas de su distrito se ven beneficiadas por los alumnos migrantes porque no tienen suficientes alumnos matriculados, y los alumnos sin hogar aportan fondos adicionales. Las escuelas suelen ser adecuadas para los alumnos porque tienen una oferta lingüística diversa.
Empleados, trabajadores escolares y padres voluntarios recaban a toda prisa los papeles para los niños. Para ayudar a las familias a permanecer en su refugio actual o ser trasladadas a uno cercano, Brewer dice que los funcionarios de la ciudad se han ceñido a un acuerdo informal: un sistema que ella compara con un moderno “ferrocarril subterráneo”.
Por Cedar Attanasio
