La fiscal general de NY, Letitia James encabeza una coalición que está defendiendo a toda costa las normas que amparan a mujeres embarazadas en entornos laborales, incluyendo la decisión de buscar servicios de aborto.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó un grupo de 23 fiscales generales que defendieron a capa y espada, una serie de normas que ofrece protecciones a las mujeres embarazadas en su lugar de trabajo, cuyos avances, algunas demandas están tratando de bloquear. La acción pone bajo el mismo paraguas, a quienes toman la decisión de abortar.
Se trata de la propuesta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) para implementar la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas (PWFA) de 2022.
En un escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Arkansas, James y la coalición se opusieron a una acción legal que buscaba impedir que la norma de la EEOC entrara en vigor.
La PWFA es una legislación federal, que requiere que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables para las empleadas embarazadas y en posparto, incluida la decisión de una empleada de buscar servicios de aborto, descansos adicionales o tiempo libre justificado para visitas al médico.
Antes de su aprobación, un mosaico de leyes no protegía adecuadamente a las trabajadoras embarazadas o en posparto, poniendo a muchas en riesgo de sufrir complicaciones de salud o pérdida de empleo, con un efecto desproporcionado en los trabajadores de bajos ingresos y los trabajadores de color.
En agosto de 2023, la EEOC propuso una regla para implementar la PWFA que, entre muchas otras consideraciones, exige a los empleadores brindar adaptaciones razonables a las trabajadoras cuyos embarazos se interrumpen mediante aborto, generalmente en forma de tiempo libre, para asistir a una cita médica o recuperación.
“En un momento en que los servicios de atención de salud reproductiva están en riesgo, es fundamental garantizar que las trabajadores que obtienen servicios de aborto, estén protegidas por esta ley. Se deja claro, nadie debería tener que elegir entre su salud y su trabajo. Derogar estas regulaciones, pondría en riesgo miles de personas en todo el país” argumentó James.
En el escrito, la coalición defiende la importancia de la PWFA y señalan que la pérdida de empleo debido a la discriminación por embarazo, puede empobrecer a los trabajadores y las familias, además afectar su seguridad económica, en un momento crítico de sus vidas.
Esta norma brinda protecciones en el lugar de trabajo para las trabajadoras embarazadas y en posparto, en particular para las mujeres con salarios bajos y los trabajadores de color, que tienen más probabilidades de sufrir resultados de salud negativos durante el embarazo.
Clara tendencia en NYC
Algunas tendencias muestran que un gran número de mujeres de la Gran Manzana de las comunidades de color, incluso no tienen acceso a chequeos médicos, incluso durante los primeros siete meses de su embarazo.
De acuerdo con los últimos reportes confirmados por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York (DOHMH), actualizados en 2020, un abrumador 68% de los fallecimientos de muertes asociadas con embarazos en toda la Gran Manzana, han sido mujeres hispanas y afroamericanas.
Pero si se echa un ojo a este renglón, en cada condado, sin dudas, Brooklyn encabeza la lista de este tipo específico de fatalidades en parturientas con un 28%, seguido por Queens en un 21% y El Bronx con un 16%.
Protección al aborto
De igual forma, el criterio de la coalición de fiscales es que se “hizo muy bien en incluir la interrupción del embarazo (incluso mediante aborto espontáneo, muerte fetal o aborto) en las protecciones de la ley para “embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas”.
A la fiscal general de Nueva York se unieron sus homólogos de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai’i, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, y el Distrito de Columbia.
Otras acciones por la salud reproductiva
El pasado mes de mayo, la Fiscalía de Nueva York demandó al grupo antiaborto Heartbeat International y a 11 “centros de embarazos en crisis”, por publicitar un tratamiento no probado al que llaman “Reversión de la píldora abortiva”.
En abril, la Fiscal James encabezó una coalición de fiscales generales que instaban al Congreso a ampliar el acceso a los servicios de salud reproductiva y aprobar la Ley de Acceso a la Construcción de Familias.
En marzo, se entregaron más de 9,500 latas de fórmula para bebés a los neoyorquinos como resultado de una investigación sobre Walgreens, por aumento de precios de fórmula durante la escasez de 2022.
En enero, la Fiscal General encabezó una coalición de 24 fiscales generales que instaban a la Corte Suprema de Estados Unidos, a proteger el acceso a la mifepristona, una píldora utilizada para interrumpir embarazos tempranos.
En diciembre de 2023, Nueva York obtuvo una orden judicial para impedir que el grupo militante antiaborto Red Rose Rescue, bloqueara el acceso a la atención del aborto.
Por Fernando Martínez
