Rechazo a la Ley de Minería Metálica en El Salvador: Organizaciones comunitarias y ambientalistas alzan la voz
La Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), una destacada organización comunitaria en El Salvador, expresó su firme oposición a la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica. Según ADES, esta normativa constituye “el mayor atentado” contra el agua, el medioambiente, la salud pública y la vida de las actuales y futuras generaciones del país.
Contexto y reacción
La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, dio luz verde a esta ley el pasado lunes, anulando la Ley de Prohibición de la Minería Metálica instaurada en marzo de 2017. La nueva legislación, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha sido ampliamente cuestionada por sectores ambientalistas, comunidades locales, algunas iglesias y universidades, quienes advierten sobre los impactos negativos que podría generar en las zonas rurales y en los ecosistemas del país.
ADES calificó la aprobación como “un grave peligro para nuestra existencia como país” y, mediante un comunicado publicado en redes sociales, reiteró su “enérgico rechazo” a la normativa. La organización también hizo un llamado a la ciudadanía salvadoreña a movilizarse, organizarse y resistir activamente los proyectos mineros que puedan surgir bajo el amparo de esta ley.
Consecuencias ambientales y sociales
El temor principal radica en el daño irreversible que la minería metálica podría causar al medioambiente, especialmente en regiones vulnerables del norte de El Salvador. Según datos de organizaciones ambientalistas, la explotación minera podría afectar a alrededor de 4 millones de personas en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
Además, existe una preocupación particular por la cuenca del río Lempa, la cual abarca 17,790 kilómetros cuadrados y es la principal fuente hídrica del país. De este total, 10,082 kilómetros cuadrados se encuentran en territorio salvadoreño, mientras que el resto se distribuye entre Honduras y Guatemala. Cualquier contaminación en esta cuenca tendría un impacto devastador no solo para El Salvador, sino también para la región centroamericana.
Una lucha histórica
El rechazo a la minería metálica no es nuevo en El Salvador. En 2017, el Congreso aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, calificando esta actividad como “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”. Santa Marta, lugar donde surgió ADES, ha sido un símbolo de resistencia frente a los proyectos mineros. Sus habitantes han liderado iniciativas legales y sociales para proteger sus tierras y recursos naturales, enfrentándose incluso a procesos judiciales que muchos atribuyen a represalias por su activismo.
Llamado a la reflexión y acción
ADES instó a la sociedad salvadoreña a reflexionar sobre las implicaciones de esta ley, destacando que su aprobación se llevó a cabo “sin consulta ciudadana, sin estudios técnicos sólidos y sin argumentos válidos”. La organización también denunció la falta de contrapesos democráticos y la ausencia de un debate inclusivo en el Parlamento.
“Este es un llamado a defender nuestra soberanía y a proteger los derechos de las comunidades rurales, que son las más vulnerables frente a los impactos de la minería metálica”, subrayó ADES. La entidad concluyó su comunicado reiterando su compromiso de seguir luchando por un El Salvador sostenible y justo, donde prevalezcan los derechos humanos y la preservación del medioambiente.
