Trinidad y Tobago declara estado de emergencia ante escalada de violencia pandillera
El gobierno de Trinidad y Tobago ha implementado un estado de emergencia en todo el país tras un fin de semana sangriento que dejó múltiples víctimas mortales. La medida responde a un alarmante incremento en la violencia pandillera, caracterizada por tiroteos de represalia que han conmocionado a la nación caribeña.
El Ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, describió la situación como una “epidemia” durante una conferencia de prensa, subrayando la gravedad del problema que enfrenta el país. Aunque el estado de emergencia no incluye un toque de queda, se anunció que la presencia policial y militar aumentará significativamente.
Medidas excepcionales
El estado de emergencia otorga a las fuerzas de seguridad poderes adicionales, como la capacidad de realizar búsquedas y arrestos sin orden judicial, además de detener a sospechosos por hasta 48 horas. Sin embargo, las autoridades han asegurado que las actividades cotidianas, incluidas las celebraciones de Año Nuevo, continuarán con normalidad.
Stuart Young, fiscal general interino, destacó que el reciente repunte de violencia, especialmente en zonas controladas por pandillas armadas con armas de grueso calibre, representa una amenaza directa a la seguridad pública.
Aumento de homicidios
El país ha alcanzado un récord de 623 homicidios en lo que va del año, de los cuales al menos 263 están relacionados con actividades de pandillas. Este incremento ha generado alarma entre los residentes, quienes han sido testigos de una escalada de crímenes cada vez más violentos y organizados.
Tiroteos masivos y represalias
Los recientes asesinatos, incluido el de cinco hombres en lo que se cree fueron actos de represalia, han evidenciado la osadía y brutalidad de las pandillas. Young advirtió que los grupos criminales podrían intensificar sus actos en el corto plazo, utilizando armas ilegales y ataques a gran escala.
Antecedentes de estados de emergencia
Trinidad y Tobago no es ajeno a medidas excepcionales de seguridad. En 2021, el gobierno impuso un estado de emergencia para frenar la propagación del COVID-19. Una década antes, Kamla Persad-Bissessar, entonces primera ministra, declaró un estado de emergencia limitado en zonas identificadas como “focos rojos” de criminalidad.
Aunque estas medidas buscan controlar la violencia, los residentes enfrentan una difícil realidad en un país donde la inseguridad ha alcanzado niveles críticos. El gobierno promete continuar trabajando para restablecer la paz y la seguridad, mientras el país observa con esperanza y preocupación las próximas acciones de las autoridades.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com
