La expresidenta declarará durante las audiencias.
Este miércoles comenzó en Buenos Aires el juicio contra las tres personas acusadas por el intento de magnicidio en contra de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido hace menos de dos años.
Los imputados son Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes serán juzgados por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 6 que llevará adelante las audiencias que se realizarán por lo menos durante seis meses.
Entre los 270 testigos que serán convocados destaca la propia víctima, ya que Fernández de Kirchner declarará durante el juicio en el que se presentó como querellante.
A los tres acusados se les imputa el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
Sabag Montiel, de 36 años, está señalado como autor del crimen y enfrenta la posibilidad de una condena a 20 años de prisión.
A Uliarte (24) se le identifica en calidad de coautora; y Carrizo (28), de partícipe secundario.
Detalles
El juicio comenzó con una lectura detallada de lo ocurrido a las 20:50 horas del 1 de septiembre de 2023 en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en donde vivía la entonces vicepresidenta argentina.
«Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
Esperó entre los militantes que se apostaban frente a la vivienda de la vicepresidenta para recibirla y, cuando ella se acercó a la multitud, gatilló sobre su rostro una pistola semiautomática bersa de calibre 32″, señaló el secretario del juzgado al dar lectura al requerimiento de elevación a juicio.
«La bala, milagrosamente, no salió. Mientras Sabag Montiel trataba de volver a disparar, los militantes lo redujeron y entregaron a la Policía.
El arma estaba en buen estado y era apta para el disparo», añadió.
El magnicidio no se concretó, agregó, solamente porque Sabag Montiel falló al accionar la corredera que debía dar paso a los cinco cartuchos que se encontraban en la recámara de la pistola.
Con respecto a Uliarte, recordó que también se encontraba en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta al momento del atentado, y que después se dirigió a la casa de un exnovio y en el camino se comunicó telefónicamente con Carrizo.
Chats
El funcionario judicial se disculpó en varias ocasiones, ya que tuvo que leer en voz alta y textualmente los grotescos insultos en contra de la expresidenta que los acusados escribieron en el intercambio de los múltiples chats en los que planearon el atentado.
Las conversaciones se convirtieron en la principal evidencia de que el crimen estuvo planeado, ya que Sabag Montiel y Uliarte incluso hablaron sobre la posibilidad de mudarse cerca de Fernández de Kirchner para vigilarla mejor.
En el momento del crimen, ambos trabajaban como vendedores ambulantes de «copitos», un popular dulce de azúcar. Carrizo era su jefe, pero los chats prueban que estaba al tanto de la organización del atentado.
Mientras leían los cargos en su contra, Sabag Montiel llamó la atención al mostrar frente a la cámara la frase: «me tienen secuestrado», que escribió en un cuaderno.
Pero la audiencia siguió sin mayores incidentes y los jueces informaron que el próximo miércoles comenzarán a presentarse los testigos.
Anomalías
Mientras se desarrollaba la primera audiencia, Fernández de Kirchner reposteó un análisis de Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Buenos Aires, en torno a las irregularidades del proceso.
«Más claro echale agua», ironizó la expresidenta sobre un texto que consideró que el atentado fue uno de los hechos políticos más graves desde que Argentina recuperó la democracia en 1983.
«Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo.
Un liso y llano encubrimiento», acusó el funcionario.
Entre las anomalías, destacó que el contenido del celular de Sabag Montiel se borró al otro día del atentado, estando en poder de la jueza; y que nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodearon a los atacantes.
«Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022», señaló al recordar que miembros de esos grupos se paseaban y fotografiaban con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Además, agregó, recibieron decenas de millones de pesos de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, durante los meses previos al atentado.
