El arribo de autobuses abarrotados de personas que previamente ingresaron de manera ilegal al territorio estadounidense a través de Texas, las cuales son transportadas hasta New York gracias al patrocinio del gobernador Greg Abbott, continúa poniendo en aprietos a las autoridades de la “Gran Manzana”.
Al inicio de esta semana, Eric Adams, alcalde de New York, emitió una orden ejecutiva de emergencia orientada a ponerle fin al desorden ocasionado por los operares que transportan indocumentados desde el sur del país, después de que estaban abandonándolos kilómetros antes de llegar a su destino pactado, o bien lo hacían en horarios y sitios donde las autoridades locales no les podían brindar apoyo humanitario.
Debido a ello, la orden obliga a los operadores de los autobuses, cuyas tarifas son pagadas por un tercero, a notificarle a las autoridades de New York sobre su llegada con al menos 32 horas anticipación.
Otro requisito que deben cumplir los conductores es proporcionar el número completo de pasajeros, identificar cuántos de ellos son niños y si requieren refugio u otro tipo de apoyo en su arribo al punto final de su travesía.
A los transportadores también se le exige proporcionar su nombre y los datos del vehículo con el cual realizan su trabajo.
De esta manera, New York se compromete a continuar recibiendo a los inmigrantes indocumentados, por lo menos hasta que el gobierno federal determine lo contrario.
No obstante, algunos operadores de autobuses continuaron arribando desordenadamente a pocas horas de entrar en vigor la orden ejecutiva.
Unidades repletas de personas y sin documentación oficial llegaron a la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria cerca de la medianoche del viernes, pero no serán multadas.
De ahora en adelante se estableció que los autobuses solo pueden dejar a los inmigrantes en un único lugar de Midtown, en West 41st Street entre Eight y Ninth Avenue, pero además su arribo deberá ser entre las 8:30 am y las 12 pm.
En caso de violar cualquiera de los puntos establecidos, las empresas que proporcionan el servicio de traslado serán acreedoras a una multa de $2,000 dólares y sus operadores podrían pasar hasta tres meses en la cárcel.
Actualmente, más de 68 mil indocumentados permanecen bajo cuidado de la ciudad, lo cual representa un gasto multimillonario para darles techo y comida.
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