Nueva demanda federal en Nueva York contra distribuidora de cigarrillos electrónicos con sabores
La lucha de la ciudad de Nueva York contra el vapeo y los cigarrillos electrónicos con sabores ha sumado un nuevo capítulo. Esta vez, el alcalde Eric Adams ha anunciado una demanda federal contra Price Point Distributors, Inc., una distribuidora con sede en Farmingdale, Long Island, acusada de comercializar productos como cigarrillos electrónicos saborizados, incluyendo granizado, tarta de fresa y ponche hawaiano, directamente a tiendas minoristas y consumidores de manera ilegal.
Según las autoridades, estos productos presentan un alto riesgo de adicción, particularmente entre los adolescentes. “Estas ventas demuestran una grave indiferencia hacia la salud de los neoyorquinos, especialmente la de nuestros jóvenes, que son vulnerables al atractivo de estos cigarrillos electrónicos con sabores”, expresó Adams. “Nuestra prioridad es proteger la salud y seguridad de los adolescentes por encima de los intereses empresariales”.
Mark Rampersant, director de Seguridad del Departamento de Educación de Nueva York, confirmó que el uso de estos dispositivos es alarmantemente común entre los jóvenes, lo que ha llevado a los colegios a implementar programas educativos sobre los peligros del vapeo. “Estamos trabajando con nuestros consejeros de abuso de sustancias para abordar el tema desde preescolar, con lecciones basadas en evidencia sobre los efectos dañinos del vapeo”, explicó Rampersant.
Anthony Miranda, Sheriff de la Ciudad, se mostró satisfecho con la demanda, resaltando que desde que se prohibieron los cigarrillos electrónicos con sabores, su oficina ha trabajado para sacar estos productos de las calles y proteger a los jóvenes. “Estos productos, con sus sabores y colores llamativos, son diseñados para atraer a los jóvenes y pueden crear un hábito de adicción perjudicial a largo plazo”, advirtió Miranda.
Hasta la fecha, la Ciudad ha cerrado más de 1,200 establecimientos de tabaco sin licencia, confiscando productos ilegales valorados en más de 84 millones de dólares, entre ellos miles de dispositivos de vapeo.
La demanda presentada alega que Price Point Distributors infringió la ley intencionalmente y que ocultó sus operaciones ilegales para evadir la supervisión de las autoridades. Adams afirmó: “La avaricia de Price Point está dañando a nuestros jóvenes y no vamos a tolerar que sigan haciendo negocios a costa de la salud de nuestros niños”.
La comisionada interina de Salud, Michelle Morse, y la abogada interina del Departamento Jurídico de la Alcaldía, Muriel Goode-Truffant, criticaron duramente las acciones de la distribuidora. Goode-Truffant señaló que la empresa ha violado leyes a nivel federal, estatal y municipal, como la Ley de Prevención de Tráfico de Cigarrillos. “Esta demanda envía un mensaje claro: Nueva York no permitirá que nadie ponga en riesgo a nuestros jóvenes con productos peligrosos”, declaró.
La demanda pretende no solo frenar las actividades de Price Point, sino también imponer consecuencias que sirvan de advertencia para otras empresas que intenten lucrarse a expensas de los neoyorquinos jóvenes.
