El gobierno de Islandia ha levantado la suspensión de la caza de ballenas, permitiendo que una sola empresa cace bajo nuevas reglas estrictas.
El gobierno de Islandia levantó la suspensión de verano sobre la caza de ballenas, permitiendo que se reanude la caza, pero esta vez con un conjunto de regulaciones rigurosas.
Si bien Noruega y Japón también permiten la caza comercial de ballenas, Islandia es la única que permite la caza de ballenas de aleta más grandes. La reanudación de la caza de ballenas es un tema polémico, ya que las opiniones entre los islandeses varían ampliamente.
La Ministra de Pesca y Alimentación, Svandis Svavarsdottir, reconoció el cambio de valores entre los islandeses a lo largo del tiempo, pero afirmó que estaba sujeta a un marco legal establecido por su predecesor.
Según la cadena BBC, Svavarsdottir destacó que Islandia es el último país en participar en una caza de ballenas a tan gran escala.
Naturalmente, esta decisión ha generado tanto apoyo como oposición, con preocupaciones sobre el impacto en la vida marina y la reputación internacional del país.
Oposición y defensa a la caza de ballenas en Islandia
Quienes se oponen a la caza de ballenas enfatizan las preocupaciones por el bienestar animal y el impacto ambiental. Sigursteinn Masson, del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, expresó su esperanza de que este año marque el fin de la caza de ballenas en Islandia debido a la creciente solidaridad del gobierno contra esta práctica, según publica la BBC.
La reanudación de la caza de ballenas está sujeta a regulaciones estrictas, incluyendo varios puntos:
· La caza dentro de los 25 metros del barco
· La caza únicamente a la luz del día
· Ausencia de participación de terneros
· La caza debe respetar equipos y métodos específicos
· Está prohibida la electricidad.
A pesar de la oposición de una parte importante de la población, se especula que muchos miembros del parlamento apoyan la caza de ballenas. Mientras que el partido Izquierda-Verdes aboga por una prohibición, otros la ven como una cuestión de soberanía nacional.
Las cuotas anuales permiten la matanza de 209 ballenas de aleta y 217 ballenas minke más pequeñas. Los conservacionistas sostienen que estas cuotas son perjudiciales para los ecosistemas marinos y el delicado equilibrio de la vida marina.
