La formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, considera que los nueve vocales conservadores actuaron de forma «ilegal y arbitraria».
Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha presentado este viernes una querella ante la Sala Penal del Tribunal Supremo contra nueve vocales conservadores y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la declaración institucional que aprobaron en rechazo a la futura ley de amnistía a los investigados por el ‘procés’ catalán.
El grupo parlamentario de Sumar, formación que integra el gobierno de coalición junto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, considera que los 10 miembros del CGPJ, todos ellos nombrados por el conservador Partido Popular (PP) en 2013, actuaron de forma «ilegal y arbitraria» por llegar a un acuerdo que excede de sus competencias, según el texto al que ha tenido acceso Público.
Acusan a los nueve vocales de prevaricación y al presidente del órgano, Vicente Guilarte, que votó en blanco e hizo un voto particular explicando su postura, de ser el cooperador necesario para que se cometiera el ilícito al convocar el pleno para que se votara esta resolución.
La declaración institucional fue aprobada el pasado 6 de noviembre, antes de que se conociera el texto de la futura ley y de que fuera presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación.
La resolución, además, se conoció después de que trascendiera el acuerdo alcanzado por PSOE y los partidos nacionalistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, para impulsar esa ley a cambio de su apoyo a Sánchez para la investidura como presidente de Gobierno.
En el texto aprobado por el CGPJ, con el voto en contra de cinco vocales progresistas y la ausencia como protesta del sexto, se declara que la futura ley de amnistía «supone degradar y convertir» el Estado de Derecho «en objeto de mercadeo al servicio del interés personal» del presidente del Gobierno.
También expresa «la intensa preocupación y desolación» del órgano porque, a su juicio, la medida supone de «degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España».
Por su parte, el grupo parlamentario de Sumar manifiesta que el Pleno en el que se votó esa declaración fue convocado «al margen de las previsiones legales y con un objeto que excede de las facultades del CGPJ».
Así, en su querella, se atribuye a los diez miembros un delito de prevaricación administrativa porque se trata de una resolución dictada en un asunto administrativo, que no está protegido por la libertad de expresión, puesto que no se expresa una opinión personal, sino que adopta la forma de declaración institucional.
Además, se alega que el órgano no es titular del derecho a la libertad de expresión y que la resolución fue arbitraria porque el Pleno carecía de competencia para dictarla, realizando una función que no tiene encomendada.
La querella también señala que los vocales que aprobaron el texto se arrogan la labor de interpretación de la Constitución, que solo es potestad del Tribunal Constitucional, con la intención de «influir en la opinión pública, en la actividad judicial e interferir en el desarrollo de un proceso político legítimo que debe conducir, en su caso, a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, vulnerando así la separación de poderes que los querellados afirman defender».
«Tampoco encontramos en la normativa europea precepto alguno que justifique que un Consejo de Justicia decida extralimitarse en sus atribuciones legales para interferir en el ámbito de otro poder del Estado y sustraer competencias al órgano encargado de analizar si una disposición legal resulta contraria al texto constitucional», sostiene la querella.
El recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunió la mañana del viernes, después de conocer la querella de Sumar, con el presidente del CGPJ, y aseveró: «Es una decisión que ha tomado una fuerza política con la que compartimos Gobierno de coalición, pero que no es el Partido Socialista», y aseguró que durante los próximos años va a intentar «resolver las cuestiones con diálogo» para que la Justicia recupere «la normalidad institucional».
El CGPJ está compuesto actualmente por 16 miembros de los 21 que debería tener después de varias bajas por dimisión y jubilación.
Tiene establecido un mandato de cinco años, que venció a finales de 2018, por lo que lleva ahora mismo un lustro en funciones.
Su renovación se encuentra paralizada desde entonces por la negativa del conservador Partido Popular (PP) a negociar con el resto de los grupos del Congreso de los Diputados, que es el órgano que debe aprobar los nuevos nombramientos.
De esta manera, la mayoría actual del CGPJ es conservadora, correspondiendo a la composición de la Cámara Baja española de cuando el PP del expresidente Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, pero no reflejó la sensibilidad ideológica del Hemiciclo de la pasada legislatura, con mayoría progresista, ni de la actual, según establece la Constitución Española.
