Líderes políticos estatales y municipales plantean en la misiva dirigida a Mike Johnson (R-LA), en la Cámara, y a Charles Schumer (D-NY), en el Senado, que este es el momento ideal para incluir a Puerto Rico en el programa federal de asistencia alimentaria como ciudadanos estadounidenses que son en un territorio con altos niveles de pobreza.
Nueva York – Dieciséis legisladores de origen boricua en Nueva York le enviaron una carta a los portavoces de las mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal para que incluyan la transición de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) como parte de la reautorización del “Farm Bill” que se negocia actualmente en el Congreso.
Los líderes políticos estatales y municipales plantean en la misiva dirigida a Mike Johnson (R-LA), en la Cámara, y a Charles Schumer (D-NY), en el Senado, que este es el momento ideal para incluir a Puerto Rico en el programa federal de asistencia alimentaria como ciudadanos estadounidenses que son en un territorio con altos niveles de pobreza.
La carta, con fecha del 2 de mayo, fue divulgada públicamente este miércoles por la asambleísta estatal Jessica González-Rojas.
“NUEVO: Mientras el Congreso negocia Farm Bill escribí una carta de legisladores estatales y municipales de origen puertorriqueña al liderato congresional. Es hora de que la gente de Puerto Rico sea incluida en SNAP. La inseguridad alimentaria y la pobreza es mayor que en otros estados. Es hora de repararlo”, anunció desde su cuenta en la red social X González-Rojas, quien representa al Distrito 34 que incluye los vecindarios Corona, East Elmhurst, Jackson Heights, y Woodside, en Queens.
En el documento, el grupo plantea que equiparar los fondos de asistencia alimentaria en Puerto Rico con los de los estados mediante la inclusión a SNAP es una forma de combatir la inseguridad alimentaria que sufren los boricuas en la isla.
“Le escribimos como legisladores de la diáspora puertorriqueña en el estado de Nueva York para pedir la inclusión de Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en la próxima Farm Bill. Con la expiración y pendiente renovación de Farm Bill, este es el vehículo apropiado y el tiempo para atender el derecho de Puerto Rico de ser incluido en SNAP y combatir la inseguridad alimentaria en la isla”, exponen los legisladores.
Los legisladores proceden a detallar el alcance de la disparidad en cuanto a fondos para asistencia alimentaria en Puerto Rico bajo la subvención en bloque que aplica a través del programa PAN.
“Puerto Rico opera bajo una subvención federal en bloque conocida como Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que provee beneficios que son 35 % a 40 % más bajos que los disponibles en los estados. El beneficio máximo mensual de SNAP en los 48 estados para un hogar de una sola persona es $291 versus $183 bajo PAN en Puerto Rico. Una decisión de una corte de distrito de un caso, que actualmente está en apelación, finamente resume la inequidad y la inconstitucionalidad del PAN en Puerto Rico”, señalan los neoyorquinos.
Violación de los derechos constitucionales de boricuas en la isla
El grupo se refiere al caso “Peña Martínez versus Departamento de Salud y Recursos Humanos”.
Este litigio fue presentado por nueve demandantes, todos residentes en P.R., quienes alegan que la exclusión tanto SNAP como del Programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y de la Parte D del programa de Subsidio por bajos ingresos (LIS) de Medicare, atenta contra sus derechos constitucionales.
Los denunciantes alegan que la exclusión por el simple hecho de que viven en la isla viola el derecho a igual protección que forma parte de la cláusula del debido proceso de ley contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución.
A juicio de los suscribientes, incluir a los residentes de la isla en SNAP es un mandato constitucional para promover el bienestar de estos ciudadanos, ayudar a aliviar la pobreza y mejorar su calidad de vida.
“Como ciudadanos de Estados Unidos de América, los puertorriqueños merecen la totalidad de los beneficios de SNAP. Más del 40 % de la población de Puerto Rico vive bajo el umbral de pobreza que es cuatro veces más alto que el promedio nacional en Estados Unidos de 12.8 %. A Puerto Rico se le ha negado la totalidad de los beneficios SNAP por más de 40 años, y con la continua exclusión de los puertorriqueños del programa, la isla está perdiendo acceso a ayuda crítica y a programas, así como otros recursos disponibles bajo SNAP”, añade la misiva que además destaca que otros territorios como Guam y las Islas Vírgenes se benefician del programa federal en su totalidad.
La carta finaliza pidiendo apoyo y presión legislativa para que los puertorriqueños en la isla puedan recibir la nutrición básica que necesitan a través de la provisión en la Ley de Agricultura (Farm Bill).
“En fomento de estos objetivos, les pedimos que incluyan provisiones del Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act of 2023 (H.R.253 / S.949) en Farm Bill para proveer acceso a Puerto Rico a SNAP”, puntualizan.
Aparte de González-Rojas, firmaron la carta los senadores estatales Gustavo Rivera, Luis Sepúlveda, José Serrano y Kristen González; los asambleístas Phil Ramos, Kenny Burgos, Jonathan Rivera, Karines Reyes, Maritza Dávila, Karines Reyes, Erik Dilan, y John Zaccaro Jr.; y los miembros del Concejo Municipal Diana Ayala, Tiffany Cabán, Alexa Avilés y Carlina Rivera.
El H.R.253 y el S.949 son las versiones legislativas tanto en Cámara como en Senado del proyecto que busca facilitar la transición del PAN al SNAP en la isla.
La demócrata de Nueva York, Kirsten E. Gillibrand, fue la que presentó la pieza en el Senado; mientras que la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González, hizo lo propio en la Cámara.
El 7 de mayo, Gillibrand informó, mediante un comunicado de prensa, que su legislación había sido incluida en el borrador del Farm Bill del Senado. Días antes, la senadora demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, presidenta del comité de Agricultura de ese cuerpo legislativo, incluyó una provisión en su Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria (The Rural Prosperity and Food Security Act of 2024) para viabilizar la transición a SNAP en P.R.
En el caso de la Cámara, el panorama está más árido, ya que los republicanos dominan el cuerpo legislativo, y muchos no están de acuerdo con la propuesta transición por las implicaciones económicas.
De P.R. pasar a SNAP, los fondos para asistencia alimentaria aumentarían de $2,900 millones anuales a $4,500 millones anuales, según estimados del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).
La ley omnibús, que incluye el financiamiento de decenas de programas de agricultura y de alimentos en EE.UU., se supone que se reevalúe cada cinco años.
La reautorización se ha retrasado debido a que demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo sobre el contenido final. Cualquier cambio para incluir a P.R. en el programa SNAP debe ser consignado a través de la pieza legislativa.
En noviembre pasado, el presidente de EE.UU., Joe Biden, extendió hasta septiembre de este año la vigencia de la ley para que los legisladores lleguen a un consenso.
Por Marielis Acevedo Irizarry
