jueves 25 de julio de 2024 03:00 am
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Los trabajadores ganarán al menos $17,96 por hora, y aumentarán a $19,96 por hora cuando se implemente por completo en 2025. Gigantes tecnológicas insisten en que los clientes sentirán en su bolsillo esta norma.

Los trabajadores deliveristas de la Gran Manzana celebran una gran victoria luego de años de luchas. La Corte Suprema del estado de Nueva York falló a favor de la Ciudad para para permitir un salario mínimo para los trabajadores de reparto de restaurantes que realizan entregas para Uber, DoorDash y Grubhub. 

Pero esta sentencia no significa que las compañías tecnológicas desistirán de otras acciones legales y procedimientos, al razonar que en sus “números” el nuevo salario impactará el bolsillo de los clientes. Y dejará sin trabajo a miles de trabajadores de reparto.

La orden firme judicialmente es que esta fuerza laboral ganará al menos $17,96 por hora, y aumentarán a $19,96 por hora cuando se implemente por completo en 2025, ajustado anualmente, según la inflación.

El 11 de junio de 2023, el gobierno municipal anunció la norma final de salario mínimo, luego de un proceso de elaboración de reglas que duró un mes y que incluyó dos audiencias públicas y miles de comentarios públicos. Pero en julio, DoorDash, UberEats, Grubhub y Relay demandaron a la ciudad para impedir que la tasa de pago mínimo entrara en vigor. 

“Nos alegra que el tribunal haya tomado esta decisión y estamos agradecidos por la incansable defensa de tantos repartidores que lucharon arduamente para hacer esto una realidad. Como todos los trabajadores, merecen un salario justo”, reaccionó Vilda Vera Mayuga la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador (DCWP).

En septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó la Ley Local 115, que exige que DCWP estudie los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores de entrega de restaurantes, basados en aplicaciones y establezca una tasa de pago mínima por su trabajo con base en los resultados de varios estudios.

La Ciudad continuará realizando actividades de divulgación y educación para estos trabajadores, sobre la nueva tasa de pago mínimo y todos sus derechos bajo las leyes.

“Ahora que se ha denegado la orden judicial preliminar, miles de repartidores finalmente recibirán los aumentos a los que han tenido derecho durante casi 10 meses”, indicó el contralor Brad Lander.

Compañías se resisten

La primera reacción de portavoces de las plataformas tecnológicas, es que seguirán peleando desde otros flancos legales. Coinciden en que se verían obligadas a trasladar el costo de los salarios más altos a los consumidores mediante el aumento de los precios.

Entretanto, argumentan que el modelo de salarios normado por la Ciudad, no calcula correctamente el grado en que los precios más altos perjudicarían a los restaurantes locales y más pequeños.

En su lista de quejas definen que el nuevo sistema perjudicaría a los repartidores porque las empresas, para controlar los costos, tendrían que controlar estrictamente cuánto tiempo pasaban los trabajadores en las aplicaciones, pero sin realizar entregas.

En su decisión, el juez rechazó estos argumentos y dijo que los trabajadores aún podrían tener acuerdos flexibles, mientras ganan un salario mínimo.

“Una remuneración más alta, incluido el tiempo de guardia, no tiene por qué ser mutuamente excluyente con la flexibilidad de los trabajadores, y no es irracional perseguir ambos objetivos simultáneamente”, escribió.

Por su parte, Josh Gold, portavoz de Uber, dijo a medios locales que el mandato perjudicaría finalmente a los deliveristas.

“La Ciudad continúa mintiendo a los trabajadores y al público. Esta ley dejará sin trabajo a miles de neoyorquinos y obligará a esta fuerza laboral a competir ferozmente entre sí para entregar los pedidos más rápido”, aseguró.

También un portavoz de Grubhub calificó la decisión como “decepcionante” y señaló que no detendrán sus acciones legales: “Seguimos confiando en nuestra posición legal y creemos firmemente que la norma, aunque bien intencionada, es el resultado de un proceso normativo defectuoso que no se aplicó de manera consistente a la industria de entrega de alimentos“.

Por  Fernando Martínez

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